Al tiempo, la Asociación demandaba en su recurso una indemnización para esos utilizados indefinidos no fijos que no logren plaza en las convocatorias de provisión de los puestos que llenan. Anil defiende que el desarrollo pactado para achicar la temporalidad en la Administración es discriminatorio para los interinos que han juntado años en sus puestos y que son obligados a concurrir a las oposiciones en igualdad de condiciones al costado del resto de solicitantes. Las víctimas son los trabajadores, fundamento bastante para admitir la estabilidad de sus puestos mediante certamen”, asegura Martos. Tras esta resolución sigue lo sentenciado por la Audiencia Nacional, que rechazó la intención de la asociación demandante de que los interinos de larga duración pudieran acceder a la propiedad de sus puestos por medio de un certamen de méritos, sin oposición, en el que se valoraría su antigüedad. No obstante, la sentencia estimó que “no tiene ninguna base jurídica la pretensión de que al personal interino de larga duración se le exima de someterse a unas pruebas objetivas de evaluación de sus conocimientos”.
El catedrático de Derecho del Trabajo Eduardo Colorado, que ya adelantaba la probable presentación de recurso, sintetiza en su blog múltiples de los elementos mucho más relevantes de la negativa de la Audiencia Nacional a Anil. La Asociación Nacional de Interinos y Laborales presentó en el mes de mayo de 2017 frente a la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra este acuerdo aduciendo que no había sido anunciado, no tenía informe previo de la Intervención General del Estado y discriminaba a los interinos de extendida duración y al personal indefinido no fijo contratado antes del 1 de enero de 2005. La reclamación de la asociación dirigida por Martos pasa por que los interinos, en lugar de “fijar” sus puestos mediante las oposiciones en general de estabilización, puedan tener un desarrollo propio de méritos que prime su antigüedad. Anil se apoya en el artículo del Estatuto Básico del Empleado Público que recopila que “solo en razón de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que va a consistir únicamente en la valoración de méritos”. La reclamación de la asociación apuntada por Martos pasa por que los interinos, en vez de “fijar” sus puestos por medio de las oposiciones generalmente de estabilización, puedan tener un proceso propio de méritos que prime su antigüedad. Anil se apoya en el producto del Estatuto Básico del Empleado Público que junta que “solo en razón de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de certamen que consistirá únicamente en la valoración de méritos”.
Las víctimas son los trabajadores, fundamento suficiente para admitir la estabilidad de sus puestos mediante concurso”, afirma Martos. La Audiencia tampoco ve apoyo legal a que el personal laboral indefinido no fijo al que por sentencia se la haya reconocido esta cualidad no sea incluido en las primeras promociones públicas de empleo, pues, según muestra la Salón, no se le garantiza a estos trabajadores un tiempo preciso de permanencia, únicamente hasta el momento en que su puesto sea cubierto por ciertos sistemas de provisión de cargos laborales. La Audiencia Nacional ha conformado el Acuerdo para la Optimización del Empleo Público firmado en el tercer mes del año de 2017 por el Ministerio de Hacienda y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, según el que los trabajadores interinos de las Gestiones Públicas tienen que presentarse en libre concurrencia con el resto a un certamen oposición si desean optar a convertirse en funcionarios propietarios de la plaza que llenan.
La Audiencia Rechaza Convertir A Los Interinos En Mandatarios Sin Aprobar La Oposición
“Es importante poner énfasis que nosotros no tenemos ganas funcionarios por la cara, pero existe ese desarrollo de certamen de méritos y hay un motivo que lo justifica”, argumenta Manuel Martos. Señala además que el Estatuto Básico del Usado Público establece que los sistemas selectivos de gobernantes de carrera serán los de oposición y concurso-oposición y que solo de manera inusual se harán a través de concursos en los que únicamente se valorarán los méritos. El catedrático de Derecho del Trabajo Eduardo Colorado, que anticipaba la posible presentación de recurso, resume en su blog algunos de los elementos más relevantes de la negativa de la Audiencia Nacional a Anil. El instructor destaca el conflicto entre la solicitud de esta asociación y el producto 23 de la Constitución De españa, que garantiza que los ciudadanos “están en su derecho a entrar en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”.
El acuerdo recurrido por Anil y otro que le siguió de 2018 quieren liquidar el porcentaje de trabajadores temporales en la Administración hasta el 8% en 2020. Pero el letrado de la UE fué claro, hay que indemnizar (“X” dias por año trabajado), siendo “X” una cantidad que disuada a la administración de cometer ilegalidades, lo que supone un dinero que el estado no posee. Estamos en periodo de tiempo electoral, y no dirán que las pocas plazas que tienen la oportunidad de sacar, se las dan a sus legítimos dueños . En su fallo, la Audiencia Nacional repudia las pretensiones de ANIL, salvo en lo referente a la indemnización reclamada, sobre la que no se pronuncia por considerar que se trata de una cuestión ajena al pleito.
En CCOO y UGT también denuncian los abusos de la Administración sobre el plantel temporal, en muchos casos sin opción de presentarse a ninguna oposición por el hecho de que no se convocaban, pero no encajan con la estrategia judicial de Anil. Así queda predeterminado en la recientísima sentencia dictada el pasado día 4 de noviembre 2019 por la sección séptima de la Sala Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional, donde se desestima un recurso anunciado por la Asociación de Interinos y Laborales contra el citado acuerdo de estabilización del empleo público sellado por el Gobierno y los sindicatos mayoritarios de la función pública. Específicamente, ANIL se oponía en su recurso a la obligación de que los interinos que a lo largo de mucho tiempo han prestado servicios a la Administración tengan que someterse a una oposición para acceder a la Función Pública como funcionarios de carrera. En CCOO y UGT también denuncian los abusos de la Administración sobre el personal temporal, en muchos casos sin opción de presentarse a ninguna oposición pues no se convocaban, pero no encajan con la estrategia judicial de Anil. Para el colectivo, el fraude que ha enfrentado estos interinos en estafa es bastante razonamiento para encender el desarrollo excepcional.
El tribunal estimó que la intención de Anil de que el personal interino de extendida duración quedase eximido de opositar no posee “ninguna base jurídica”, apoyándose en jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Martos niega la mayor, con lo que presentará “este lunes” un recurso frente al Supremo en el que vuelve a rechazar el acuerdo suscrito por el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y CCOO, UGT y CSIF “tanto por la forma como por el fondo”. Además, piensa que la intención de ANIL de que el plantel interino de larga duración quede eximido de opositar no tiene base jurídica ya que la jurisprudencia del Constitucional como del Tribunal Supremo atestiguan “la prioridad por el sistema selectivo de oposición y el rechazo a las oposiciones restringidas”. Tras esta decisión sigue lo sentenciado por la Audiencia Nacional, que rechazó la intención de la asociación demandante de que los interinos de extendida duración tengan la oportunidad de entrar a la propiedad de sus puestos a través de un concurso de méritos, sin oposición, en el que se valoraría su antigüedad. No obstante, la sentencia consideró que “no posee ninguna base jurídica la intención de que al personal interino de larga duración se le exima de someterse a unas pruebas objetivas de evaluación de sus entendimientos”.
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Los jueces niegan así la intención de la Asociación demandante de que los interinos de extendida duración tengan la oportunidad de entrar a la propiedad de sus puestos mediante un certamen de méritos, sin oposición, en el que se valoraría su antigüedad. La Audiencia Nacional concluye que esta intención de que al personal interino de larga duración se le exima de someterse a unas pruebas objetivas de evaluación de sus entendimientos «no tiene ninguna base jurídica», ahora que la jurisprudencia del Constitucional como del Tribunal Supremo atestiguan «la prioridad por el sistema selectivo de oposición y el rechazo a las oposiciones limitadas y la prohibición de integración automática». Por ello, ANIL pide que se prevea un «certamen concreto de méritos, sin oposición», para los interinos de extendida duración y que las plazas del personal indefinido no fijo no sean dentro en las primeras ofertas públicas de empleo. Los magistrados niegan de este modo la pretensión de la Asociación demandante de que los interinos de extendida duración tengan la posibilidad de acceder a la propiedad de sus puestos mediante un certamen de méritos, sin oposición, en el que se valoraría su antigüedad. Ahora con el rechazo del Supremo a a admitir a trámite el recurso de esta asociación de interinos, predomina la negativa a que estos trabajadores opten a una plaza fija por méritos en vez de por certamen en igualdad de condiciones con el resto de solicitantes. La Audiencia Nacional dice que los interinos de larga duración deben opositar para escoger a una plaza fija Entender más La Audiencia Nacional fue contundente en su sentencia.
La Audiencia Nacional entiende que el acuerdo de mejora del empleo público que se firmó en 2017 no requería publicación ni informe de la Intervención pues no posee carácter normativo ni perjudica de forma directa a la materia presupuestaria.
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El tribunal consideró que la intención de Anil de que el personal interino de larga duración quedase eximido de opositar no tiene “ninguna base jurídica”, apoyándose en jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Martos niega la mayor, por lo que presentará “este lunes” un recurso ante el Supremo en el que regresa a negar el acuerdo suscrito por el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y CCOO, UGT y CSIF “tanto por la forma como por el fondo”. El tribunal se inclina por la jurisprudencia que protege “la prioridad por el sistema selectivo de oposición y el rechazo a las oposiciones restringidas, salvo supuestos inusuales, y la prohibición de integración automática de determinados conjuntos en la función pública”.
Así que tras las elecciones, y con la sentencia determinante del tribunal superior de justicia de la UE, el gobierno de turno se la envainará, por temor a un expediente sancionador que le cueste aún mas. Por la parte de la Administración requerida no se ha negado que los gobernantes interinos efectúan idéntico trabajo que esos de carrera, teniendo requisitos de capacitación similares. La Asociación Nacional de Interinos y Laborales ha pedido a la Audiencia Nacional, tribunal que transporta el caso de su denuncia contra el acuerdo de estabilización de empleo entre Hacienda y los primordiales sindicatos (CCOO; UGT y CSI-F), que decida lo antes posible si dicta una suspensión cautelar sobre todas las oposiciones fruto de este pacto. CSIF ha señalado este miércoles que la solución para acabar con la alta tasa de temporalidad en las Gestiones Públicas pasa exactamente por el avance urgente de los acuerdos de estabilización en el empleo firmados con el Gobierno en 2017 y 2018. “Lo que solicitamos es que dejen de jugar con falsas esperanzas de estos trabajadores, porque la sentencia es bastante clara, muy detallada”, critica Pinillos sobre la posición de Anil, que fue condenada por la Audiencia Nacional a abonar las costas del desarrollo. “Es una cantidad importante, nos piensa la ruina de la asociación”, afirma Manuel Martos, que asegura que la cuantía puede alcanzar “los 800 o 900 euros por cada demandado”.
Frente Al Fraude De La Administración
La Salón de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado admitir a trámite un recurso anunciado por la Asociación de Interinos y Laborales contra la sentencia del 4 de noviembre de 2019 de la Audiencia Nacional,donde este útltimo tribunal respaldaba el Acuerdo para la Optimización del Empleo Público firmado en el mes de marzo de 2017 por el Ministerio de Hacienda y los sindicatos CC OO, UGT y CSIF. Según este acuerdo, los trabajadores interinos de las administraciones tienen que presentarse en libre concurrencia con el resto a un concurso oposición si quieren optar a convertirse en mandatarios dueños de la plaza que ocupan. La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado un recurso de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales en el que se pedía la nulidad del acuerdo para la optimización del empleo público firmado en 2017 y se reclamaba que los interinos de extendida duración no tuvieran que someterse a una oposición para conseguir plaza fija. El tribunal se inclina por la jurisprudencia que defiende “la prioridad por el sistema selectivo de oposición y el rechazo a las oposiciones limitadas, salvo supuestos inusuales, y la prohibición de integración automática de ciertos conjuntos en la función pública”.
El fallo, del que informó CSIF, respalda el acuerdo que en el mes de marzo de 2017 suscribieron este sindicato, CCOO y UGT con el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para reducir la temporalidad en el empleo público. Aunque ésta es recurrible en casación, CCOO ha pedido en un aviso que “cese de una vez el engaño y la tensión a la que se está sometiendo al personal con falsas promesas y sin fundamento jurídico alguno”. La Audiencia Nacional comprende que el acuerdo de mejora del empleo público que se firmó en 2017 no requería publicación ni informe de la Intervención por el hecho de que no tiene carácter normativo ni perjudica de manera directa a la materia presupuestaria. De la misma forma se pronuncia Miriam Pinillos, asesora de Políticas Públicas de FSC-CCOO, que destaca que las organizaciones sindicales “hemos obligado a las Gestiones a que pusiesen un desarrollo selectivo que diera respuesta a la reducción de la temporalidad”. El acuerdo recurrido por Anil y otro que le prosiguió de 2018 quieren rebajar el porcentaje de trabajadores temporales en la Administración hasta el 8% en 2020.
El Supremo Repudia Pronunciarse Sobre El Ingreso Por Méritos De Los Interinos A Una Plaza Fija
Así quedó predeterminado hace poco más de un año en la sentencia de la sección séptima de la Salón Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional, que desestimó un recurso anunciado por la Asociación de Interinos y Laborales contra el mencionado acuerdo de estabilización del empleo público sellado por el Gobierno y los sindicatos mayoritarios de la función pública. Ahora con el rechazo del Supremo a a aceptar a trámite el recurso de esta asociación de interinos, predomina la negativa a que estos trabajadores opten a una plaza fija por méritos en vez de por concurso en igualdad de condiciones con el resto de aspirantes. La Audiencia Nacional afirma que los interinos de larga duración deben opositar para optar a una plaza fija Mucho más La Audiencia Nacional fue contundente en su sentencia.
Así quedó predeterminado recientemente mucho más de un año en la sentencia de la sección séptima de la Sala Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional, que desechó un recurso presentado por la Asociación de Interinos y Laborales contra el citado acuerdo de estabilización del empleo público sellado por el Gobierno y los sindicatos mayoritarios de la función pública. La Audiencia Nacional rechazó últimamente un recurso de el y dictó que los interinos de larga duración tienen que opositar para elegir a una plaza fija, frente a la pretensión de la organización de que se les eximiera de sobrepasar este desarrollo. El recurso trataba de anular el acuerdo para achicar la temporalidad en el empleo público que firmó el Gobierno y los sindicatos en 2017. Los responsables de este fallo lo arguyeron en que “la prioridad por el sistema selectivo de oposición y el rechazo a oposiciones limitadas, salvo teóricos inusuales, y la prohibición de integración automática de ciertos grupos en la función pública, es una incesante en la jurisprudencia constitucional”. La Audiencia tampoco ve acompañamiento legal a que el plantel laboral indefinido no fijo al que por sentencia se la haya reconocido esta cualidad no sea incluido en las primeras ofertas públicas de empleo, pues, según muestra la Sala, no se le garantiza a estos trabajadores un tiempo determinado de permanencia, únicamente hasta el momento en que su puesto sea cubierto por ciertos sistemas de provisión de puestos de trabajo. En la situacion del personal indefinido no fijo, ANIL apreciaba discriminación mientras se ordena a integrar en la oferta de empleo público todas y cada una de las plazas ocupadas por este personal, fijándose como sistema de selección el concurso-oposición.